Desde 2017, Rodrigo Castillo ha estado vinculado al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), iniciando su trayectoria con una tesis de pregrado en la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción. Su trabajo en torno a la gestión de los recursos hídricos se consolida ahora con la adjudicación de una Beca de Doctorado Nacional ANID, que le permitirá cursar el Doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago. Su investigación estará enfocada en la planificación hídrica, los organismos de cuenca y los instrumentos normativos asociados.

«La investigación doctoral que desarrollaré, bajo la dirección de la Dra. Daniela Rivera Bravo y en el marco del Proyecto Anillo ATE230046, busca analizar la utilización de la planificación administrativa en el derecho nacional y comparado. Se pondrá especial énfasis en los ordenamientos jurídicos que han incorporado atribuciones de planificación en organismos de cuenca, identificando los instrumentos -jurídicos o no- mediante los cuales se implementan y su interacción con otros tipos de planificación a nivel territorial, económico y presupuestario», explicó Castillo.

Respecto a su experiencia en CRHIAM y su influencia en la formulación de este proyecto, destaca que «ser parte del Centro, primero como becario en mis estudios de pregrado y luego como profesional de apoyo, me ha permitido comprender las distintas aristas de la gestión y uso de los recursos hídricos. Además, he podido trabajar con diversas perspectivas disciplinarias y desarrollar investigaciones en equipos de gran experiencia, lo que me ha dado una mirada crítica y propositiva frente a los desafíos que enfrenta nuestro país en esta materia».

A lo largo de su trayectoria en CRHIAM, Castillo ha trabajado bajo la guía de la Dra. Amaya Álvez, investigadora asociada al Centro, y la Dra. Gladys Vidal, directora de CRHIAM, participando activamente en diversas investigaciones y actividades lideradas por ambas académicas.

El abogado y colaborador de CRHIAM espera que este nuevo desafío académico le permita contribuir a la implementación de políticas públicas y ajustes normativos orientados a garantizar la seguridad hídrica, ampliar la participación en la gestión de los recursos hídricos y fomentar su protección desde una perspectiva social y ambiental.